Concluye diálogo DH-periodistas sin participación de autoridades de Sonora

Lamentan la falta de difusión de la convocatoria para participar en este foro y la ausencia de integrantes de pueblos originarios y comunidades rurales

Foto: Article 19

Por La Redacción | jueves 3 de marzo de 2022. 

Hermosillo, Sonora. Este 1 y 2 de marzo se efectuó en esta ciudad el Tercer Diálogo para impulsar una Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado.

Como en los dos foros previos que se realizaron en Ciudad de México y en Oaxaca durante enero y febrero, en este diálogo hubo poca participación de representantes del gobierno estatal. Sin embargo, personas defensoras de derechos humanos que buscan a sus hijos e hijas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil, defensores de la Tribu Yaqui y periodistas, alertaron sobre los riesgos y obstáculos que enfrentan para ejercer su labor, destacando los asesinatos, agresiones físicas, amenazas, persecución, hostigamiento, criminalización, campañas de desprestigio y desplazamiento forzado interno, informó la organización Article 19 México.

Fueron denunciados también diversos actos de corrupción, tráfico de influencias entre funcionarios estatales, falta de debida investigación y sanción de los delitos cometidos por servidores públicos en contra personas defensoras y periodistas, así como falta de transparencia y acceso a información sobre las acciones implementadas por las instituciones de gobierno para garantizar el derecho a defender derechos humanos y el ejercicio periodístico.

En un comunicado, Article 19 precisó que en el mes de diciembre de 2021 el Gobierno Federal, a través del  Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y el Gobierno de Sonora firmaron un convenio de colaboración para proteger a personas defensoras y periodistas, el cual fue publicado apenas el día de ayer 2 de marzo, después de concluir el foro. Sin embargo, a tres meses de su firma, aún se desconocen las acciones llevadas a cabo por los gobiernos estatal y federal para su implementación.

“Las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones, colectivos y periodistas señalaron la falta de interés por parte del Gobierno del Estado para solucionar la violencia que enfrentan y de garantizar el ejercicio de la labor en la defensa de derechos humanos y de libertad de expresión. Un ejemplo fue la ausencia de actores de alto nivel en este diálogo, como el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño y la Fiscal General del Estado de Sonora, Claudia Indira Contreras”.

Además se sumaron las denuncias de las y los asistentes por el desconocimiento de los criterios de la Secretaría de Gobernación para convocar al foro y la nula perspectiva de género, interseccional y comunitaria en el diseño metodológico de la discusión. Además, señalaron que es necesario garantizar que el mayor número de personas defensoras y periodistas sean escuchados.

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Las y los participantes, agrega el boletín, lamentaron la falta de difusión de la convocatoria para participar en este foro y la ausencia de integrantes de pueblos originarios y comunidades rurales, quienes son una de las principales poblaciones que enfrentan agresiones por ejercer su derecho a defender derechos humanos. Ante esto, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se comprometió a llevar a cabo dos espacios más de diálogo sobre la propuesta de Ley y de capacitación en materia de protección con personas defensoras y periodistas, los cuales se realizarán en Ciudad Obregón y Hermosillo y donde se garantizará un mayor número de participantes.

Durante los dos días del foro, las y los defensores y periodistas reiteraron la necesidad de combatir a la corrupción al interior de las instancias de gobierno, otorgar recursos humanos y financieros para garantizar la operatividad del Mecanismo de Protección y de las Unidades Estatales de Protección para que, con esta base, se inicie la construcción de una ruta de trabajo, desde un enfoque integral, que genere acciones de prevención, protección, investigación y reparación del daño.

Desconfianza

Así como en los foros de Ciudad de México y Oaxaca, las personas defensoras y periodistas participantes, señalaron que al no existir un análisis sobre las capacidades institucionales de los Estados y la Federación en materia de protección, existen dudas sobre la propuesta de transitar hacia una nueva legislación de carácter general.

Las personas defensoras y periodistas recalcaron su total desconfianza en el Gobierno del Estado, quien a pesar de tener la obligación de proteger al gremio en riesgo y firmar convenios y protocolos de coordinación a nivel nacional con este objetivo, es el responsable de agresiones, ya sea por acción u omisión.

Finalmente, refiere la información, hicieron énfasis en la necesidad de dar cumplimiento y rendición de cuentas a las 104 recomendaciones de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitidas en 2019 para el fortalecimiento del Mecanismo de Protección, así como de establecer un plan coordinado entre la Fiscalía local y Federal para generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos contra personas defensoras y periodistas, lo cual representa uno de los mayores retos a nivel estatal y nacional en materia de derechos humanos.

Las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas hacemos un llamado enfático a las instancias de Gobierno Federal y Estatal a consultar a comunidades rurales, indígenas y periodistas que realizan su labor en zonas de mayor riesgo, y a cumplir las recomendaciones nacionales e internacionales que se han dirigido al Estado mexicano, para atender su deber de protección, mediante la construcción de una ruta de trabajo para la creación e implementación de una política pública integral que garantice la labor de personas defensoras y periodistas.

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